Resumen: El TS analiza si la presentación directa por las autoridades sanitarias autonómicas de medidas sanitarias para su ratificación judicial, es o no conforme a derecho, o si es preceptiva la intervención de los Servicios Jurídicos autonómicos correspondientes, que ostenta la representación y defensa de las Administraciones Públicas. En primer lugar, la Sala examina la naturaleza del auto impugnado, que acordó el archivo de la petición, a efectos de determinar si es equiparable a los autos que ponen fin al procedimiento contra los que cabe recurso ordinario de casación [art. 87.1 a) de la LJCA], o los que deniegan la ratificación, art. 87.1 bis de la LJCA; concluye que funcionalmente es equiparable por el efecto impeditivo del auto que desestima la revisión del derecho que acuerda el archivo. Asimismo, se indica que no existe jurisprudencia al efecto, por lo que procede abordar la cuestión y resuelve, que han de prevalecer las razones por la aplicación de las reglas generales sobre representación y actuación procesal de las Administraciones, artículos 23.2 y 24 de la Ley de la Jurisdicción, 551.3 de la LOPJ y 21 de la Ley 11/2006, de 17 de julio, de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Ante el silencio de la LJCA en sus artículos 8.6, 10.8 y 122 quater, no se aprecia que por las características del procedimiento o la urgencia, impida coordinarse con los servicios jurídicos que representan a la Administración. Voto particular.
Resumen: Desestima esta sentencia una reclamación de responsabilidad patrimonial media al considerar prescrita la acción ya que desde el momento en el que la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid le otorgó al recurrente un grado total de discapacidad del 79% con baremo de movilidad positivo, se conocían las secuelas que iba a tener que soportar a lo largo de toda su vida, y por tanto se podía reclamar. Al instarse la reclamación con posterioridad, fuera del año previsto en la ley, ha de reputarse prescrita la acción.
Resumen: El sindicato demandante formula demanda con el Ayuntamiento porque, a su entender, ha vulnerado su derecho de libertad sindical al no proporcionarle la información reiteradamente solicitada. La sentencia del Juzgado de lo Social desestima la demanda. La Sala, al analizar el recurso de suplicación del sindicato demandante, concluye que el Ayuntamiento demandado ha facilitado al sindicato demandante la información solicitada en una situación complicada por la dificultades de trabajar normalmente en situación de pandemia, siendo incongruente la petición de información sobre asuntos en cuya negociación ha participado activamente el sindicato demandante, con lo que confirma la sentencia recurrida.
Resumen: Quien esta sentencia que las notificaciones realizadas por vía edictal en el Boletín Oficial son correctas ya que eran las previstas en la convocatoria. Sin embargo la ayuda debido de reconocerse al recurrente una vez que la propia administración reconoce que cumplía con los requisitos, a saber, el desarrollo de la actividad durante los periodos previstos en las bases de la convocatoria de la subvención.
